Transparencia Fiscal al Consumidor: Nuevas Obligaciones para Comercios en Argentina
Introducción
Desde el 1 de abril de 2025 rige en Argentina el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta normativa obliga a los vendedores de bienes y servicios a detallar en sus facturas el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos nacionales indirectos incluidos en el precio final.
El objetivo principal de esta regulación es brindar mayor claridad a los consumidores sobre la carga impositiva en los productos y servicios adquiridos, permitiendo una toma de decisiones más informada.
Quiénes deben cumplir con el nuevo régimen
Sujetos alcanzados
El régimen aplica a todos los contribuyentes responsables inscriptos en el IVA que emitan facturas a consumidores finales. Desde el 1 de abril de 2025, esta obligación se extiende a todos los comercios y prestadores de servicios que se encuentren dentro de este marco.
Excepciones
Los monotributistas no están alcanzados por esta normativa y continuarán facturando según el régimen vigente para su categoría.
Implementación y requisitos de facturación
Etapas de implementación
El régimen se implementó de manera progresiva:
- En enero de 2024, se aplicó inicialmente a grandes empresas.
- Desde el 1 de abril de 2025, se extendió a todos los contribuyentes responsables inscriptos en el IVA que emitan facturas a consumidores finales.
Contenido obligatorio de las facturas
Las facturas deben incluir un apartado específico donde se desglose:
- El IVA correspondiente.
- Otros impuestos nacionales
- La leyenda obligatoria: “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”.
La normativa de ARCA no establece un listado fijo de los impuestos nacionales indirectos que deben ser detallados, dejando a criterio del emisor identificar y desglosar los tributos aplicables según la naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos. Algunos de los impuestos que podrían incluirse, además del IVA, son:
- Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (Impuesto al Cheque).
- Impuesto Interno a determinados bienes (bebidas alcohólicas, cigarrillos, automóviles, electrónicos de alta gama, etc.).
- Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.
- Impuesto sobre los Pasajes Aéreos al Exterior.
- Impuesto PAIS (en operaciones de compra de moneda extranjera o pagos de servicios en el exterior).
Actualización de Tickeadoras y Web Service
Los comercios que emitan tickets a consumidores finales mediante tickeadoras fiscales o sistemas de facturación vía web service deberán asegurarse de que sus dispositivos y software estén actualizados para reflejar los nuevos requisitos del régimen. Para ello, es necesario contactar a los operadores de los controladores fiscales y verificar que los comprobantes emitidos incluyan correctamente el detalle del IVA y otros impuestos exigidos por la normativa.
El cumplimiento de esta actualización es esencial para garantizar la correcta aplicación del régimen y evitar posibles sanciones por emisión de comprobantes incorrectos.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones que van desde multas económicas, hasta la clausura del establecimiento por un período de entre 2 y 6 días, según lo establece la Ley de Procedimientos Fiscales.
Es fundamental que los comercios y prestadores de servicios se adecúen a los nuevos requisitos para evitar penalidades y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Impacto del régimen en los consumidores
Este nuevo régimen no implica un aumento ni una reducción en los precios de bienes y servicios. Su finalidad es hacer visible la composición del precio final, destacando el impacto impositivo en cada transacción.
Los consumidores podrán conocer con mayor detalle la carga fiscal en sus compras, lo que les permitirá tomar decisiones de consumo con mayor información.
Conclusión
La implementación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor impone nuevos desafíos a las empresas y comercios, quienes deberán adaptar sus sistemas de facturación y garantizar el cumplimiento de esta normativa para evitar sanciones. La correcta aplicación de este régimen no solo permite ajustarse a las exigencias fiscales, sino que también contribuye a la claridad en las operaciones comerciales.
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